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Dos artículos publicados en Página12 con textos que corresponden a la “Undécima carta a las izquierdas” del autor con traducción de Javier Lorca.
¿Democracia o capitalismo?
Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso.
En estas líneas voy a centrarme en el primer desafío.
Contra lo que el sentido común de los últimos 50 años nos puede hacer pensar, la relación entre democracia y capitalismo siempre fue una relación tensa, incluso de contradicción. Lo fue, ciertamente, en los países periféricos del sistema mundial, en lo que durante mucho tiempo se denominó Tercer Mundo y hoy se designa como Sur global. Pero también en los países centrales o desarrollados la misma tensión y la misma contradicción estuvieron siempre presentes. Basta recordar los largos años de nazismo y fascismo.
Un análisis más detallado de las relaciones entre capitalismo y democracia obligaría a distinguir entre diferentes tipos de capitalismo y su dominio en diferentes períodos y regiones del mundo, y entre diferentes tipos y grados de intensidad de la democracia. En estas líneas concibo al capitalismo bajo su forma general de modo de producción y hago referencia al tipo que ha dominado en las últimas décadas, el capitalismo financiero. En lo que respecta a la democracia, me centro en la democracia representativa tal como fue teorizada por el liberalismo.
El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se identifica con sus “necesidades”, mientras que la democracia es idealmente el gobierno de las mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse con las “necesidades” del capitalismo, sino todo lo contrario. El conflicto es, en el fondo, un conflicto de clases, pues las clases que se identifican con las necesidades del capitalismo (básicamente, la burguesía) son minoritarias en relación con las clases que tienen otros intereses, cuya satisfacción colisiona con las necesidades del capitalismo (clases medias, trabajadores y clases populares en general). Al ser un conflicto de clases, se presenta social y políticamente como un conflicto distributivo: por un lado, la pulsión por la acumulación y la concentración de riqueza por parte de los capitalistas, y, por otro lado, la reivindicación de la redistribución de la riqueza generada en gran parte por los trabajadores y sus familias. La burguesía siempre ha tenido pavor a que las mayorías pobres tomen el poder y ha usado el poder político que le concedieron las revoluciones del siglo XIX para impedir que eso ocurra. Ha concebido a la democracia liberal de modo de garantizar eso mismo a través de medidas que cambiaron con el tiempo, pero mantuvieron su objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización del lobby... Y siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura, algo que sucedió muchas veces.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones del mundo estaban sometidas al colonialismo europeo, que servía para consolidar el capitalismo euro-norteamericano, Europa estaba devastada por una guerra que había sido provocada por la supremacía alemana, y en el Este se consolidaba el régimen comunista, que aparecía como alternativa al capitalismo y la democracia liberal. En este contexto surgió en la Europa más desarrollada el llamado capitalismo democrático, un sistema de economía política basado en la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser fuertemente regulado, lo que implicaba la nacionalización de sectores clave de la economía, un sistema tributario progresivo, la imposición de las negociaciones colectivas e incluso, como sucedió en la Alemania Occidental de entonces, la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek, la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales (derechos al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, garantizados por el Estado) habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los ciudadanos y para enfrentar las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las condiciones para instigarlo luego de que se debilitara el crecimiento de las tres décadas siguientes. Y así sucedió.
Desde 1970, los Estados centrales han estado manejando el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital mediante el recurso a un conjunto de soluciones que gradualmente fueron dando más poder al capital. Primero fue la inflación (1970-1980); después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos (desde 1980), una medida complementada con el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, del estancamiento económico y del aumento de los gastos sociales originados en el aumento del desempleo (desde mediados de 1980), y luego con el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales, para eludir el colapso de las expectativas respecto del consumo, la educación y la vivienda (desde mediados de 1990). Hasta que la ingeniería de las soluciones ficticias llegó a su fin con la crisis de 2008 y se volvió claro quién había ganado en el conflicto distributivo: el capital. La prueba: la conversión de la deuda privada en deuda pública, el incremento de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de una vida digna de las mayorías (los trabajadores, los jubilados, los desempleados, los inmigrantes, los jóvenes en busca de empleo) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero y sus agentes). La democracia perdió la batalla y sólo evitará ser derrotada en la guerra si las mayorías pierden el miedo, se rebelan dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.
En los países del Sur global que disponen de recursos naturales la situación es, por ahora, diferente. En algunos casos, por ejemplo en varios países de América latina, hasta puede decirse que la democracia se está imponiendo en el duelo con el capitalismo, y no es por casualidad que en países como Venezuela y Ecuador se comenzó a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la realidad esté lejos de los discursos. Hay muchas razones detrás, pero tal vez la principal haya sido la conversión de China al neoliberalismo, lo que provocó, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI, una nueva carrera por los recursos naturales. El capital financiero encontró ahí y en la especulación con productos alimentarios una fuente extraordinaria de rentabilidad. Esto permitió que los gobiernos progresistas –llegados al poder como consecuencia de las luchas y los movimientos sociales de las décadas anteriores– pudieran desarrollar una redistribución de la riqueza muy significativa y, en algunos países, sin precedentes. Por esta vía, la democracia ganó nueva legitimidad en el imaginario popular. Pero, por su propia naturaleza, la redistribución de la riqueza no puso en cuestión el modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y, en cambio, la intensificó. Esto estuvo en el origen de conflictos –que se han ido agravando– con los grupos sociales ligados a la tierra y a los territorios donde se encuentran los recursos naturales, los pueblos indígenas y los campesinos.
En los países del Sur global con recursos naturales pero sin una democracia digna de ese nombre, el boom de los recursos no trajo ningún impulso a la democracia, pese a que, en teoría, condiciones mas propicias para una resolución del conflicto distributivo deberían facilitar la solución democrática y viceversa. La verdad es que el capitalismo extractivista obtiene mejores condiciones de rentabilidad en sistemas políticos dictatoriales o con democracias de bajísima intensidad (sistemas casi de partido único), donde es más fácil corromper a las elites, a través de su involucramiento en la privatización de concesiones y las rentas del extractivismo. No es de esperar ninguna profesión de fe en la democracia por parte del capitalismo extractivista, incluso porque, siendo global, no reconoce problemas de legitimidad política. Por su parte, la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de las mayorías no llega a ser oída, por falta de canales democráticos y por no poder contar con la solidaridad de las restringidas clases medias urbanas que reciben las migajas del rendimiento extractivista. Las poblaciones más directamente afectadas por el extractivismo son los campesinos, en cuyas tierras están los yacimientos mineros o donde se pretende instalar la nueva economía agroindustrial. Son expulsados de sus tierras y sometidos al exilio interno. Siempre que se resisten son violentamente reprimidos y su resistencia es tratada como un caso policial. En estos países, el conflicto distributivo no llega siquiera a existir como problema político. De este análisis se concluye que la actual puesta en cuestión del futuro de la democracia en Europa del Sur es la manifestación de un problema mucho más vasto que está aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo. Pero, así formulado, el problema puede ocultar una incertidumbre mucho mayor que la que expresa. No se trata sólo de cuestionar el futuro de la democracia. Se trata, también, de cuestionar la democracia del futuro. La democracia liberal fue históricamente derrotada por el capitalismo y no parece que la derrota sea reversible. Por eso, no hay que tener esperanzas de que el capitalismo vuelva a tenerle miedo a la democracia liberal, si alguna vez lo tuvo. La democracia liberal sobrevivirá en la medida en que el capitalismo global se pueda servir de ella. La lucha de quienes ven en la derrota de la democracia liberal la emergencia de un mundo repugnantemente injusto y descontroladamente violento debe centrarse en buscar una concepción de la democracia más robusta, cuya marca genética sea el anticapitalismo. Tras un siglo de luchas populares que hicieron entrar el ideal democrático en el imaginario de la emancipación social, sería un grave error político desperdiciar esa experiencia y asumir que la lucha anticapitalista debe ser también una lucha antidemocrática. Por el contrario, es preciso convertir al ideal democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo. Y como el capitalismo no ejerce su dominio sino sirviéndose de otras formas de opresión, principalmente del colonialismo y el patriarcado, esta democracia radical, además de anticapitalista, debe ser también anticolonialista y antipatriarcal. Puede llamarse revolución democrática o democracia revolucionaria –el nombre poco importa–, pero debe ser necesariamente una democracia posliberal, que no puede perder sus atributos para acomodarse a las exigencias del capitalismo. Al contrario, debe basarse en dos principios: la profundización de la democracia sólo es posible a costa del capitalismo; y en caso de conflicto entre capitalismo y democracia debe prevalecer la democracia real.
¿Extractivismo o ecología?
Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso.
Seguidamente voy a centrarme en el segundo desafío
Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.
Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios records de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.
En varios países de América latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.
Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.
Por su atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.
En estas condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de comunicación.
En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.
Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.
biografía
Es Profesor Catedrático Jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra, Distinguished Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick. Es asimismo director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Del conjunto de su vasta obra destacamos: Foro Social Mundial. Manual de uso (2005); The Rise of the Global Left. The World Social Forum and Beyond (2006); Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho (Trotta, 2009); Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social (2009); Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur (2010); El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política (Trotta,22011), y Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide (2014).
Bibliografía
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10812
Por Marcelo Justo
Por Jorge
Aleman *
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