Causa Juicio de La Perla - Córdoba / Hugo Vaca Narvaja

Revista VENTITRES     26.12.2012

 

CÓRDOBA. HUGO VACA NARVAJA, ABOGADO QUERELLANTE DE LA MEGACAUSA LA PERLA

Reconstrucción 

El letrado repasa el proceso y analiza la posición de José Manuel de la Sota, que reflotó la teoría de los dos demonios. Los represores Barreiro y Vergez, estigmas de la democracia. Opina Claudio Orosz, abogado querellante de HIJOS de Córdoba.

Con 18 causas acumuladas y más de 400 víctimas, el megajuicio de La Perla será durante el próximo año y medio un fresco completo del proceso de demolición sistemática de la sociedad civil cordobesa, en el período que se extiende desde el Navarrazo hasta la dictadura.

El abogado Hugo Vaca Narvaja, cuyo padre fue fusilado en 1976 por orden de Luciano Benjamín Menéndez, entiende que “esta mayor cantidad de casos permite advertir la integralidad del proceso represivo en estos centros clandestinos en Córdoba y posibilita determinar que se trató de un proceso de aniquilamiento sobre ciertos sectores de la sociedad, perpetrado desde otros sectores de la sociedad”. 

Veintitrés entrevistó a Vaca Narvaja una vez finalizada la maratónica lectura durante seis jornadas seguidas de la elevación a juicio de los hechos que juzgará el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. El abogado comanda un equipo de profesionales que llevará adelante 60 querellas que representa el estudio de María Elba Martínez, con Miguel Ceballos, Ana Convers, Adriana Gentile y Pedro Salas. 

“La oligarquía terrateniente aportó el ideario económico, a través de su cuadro más importante de entonces como fue (José Alfredo) Martínez de Hoz, con el financiamiento del FMI; el Ejército constituyó la mano de obra para llevar a cabo la masacre, conjuntamente con la policía, y la Iglesia sumó el contenido ideológico de la masacre, que consistía en ‘proteger a la comunidad occidental y cristiana’. Si ponés atención a cada discurso de Videla, se advierte el contenido ideológico que brinda entusiastamente la Iglesia, además que ya lo dijo claramente en varios medios”, contextualiza.

–Así viene surgiendo de los diversos procesos realizados en Córdoba hasta el momento.

–En este trípode se asienta el plan, y sin embargo esto no es tenido en cuenta por las sucesivas sentencias judiciales. No es que los militares vinieron para “combatir la subversión”, como dicen los jueces en sus sentencias, ese fue un pretexto. Por ello planteamos desde la querella una batalla epistemológica contra este sostenimiento de la teoría de los dos demonios en las sentencias judiciales. En el juicio de Videla pudimos escuchar la exposición de uno de los acusados, Mones Ruiz, diciendo que cuando se realiza el golpe de Estado ya los grupos armados estaban reducidos a menos de 1.500 personas en el país. Pero ese pretexto, la “lucha antisubversiva”, sirvió para encubrir la masacre de sectores sociales claramente determinados: obreros, estudiantes, cuadros políticos y sindicales, todo aquel que tuviera una oposición al sistema que se estaba instaurando.

–¿Cuáles son las particularidades del proceso?

–Que las víctimas tienen como componente sobresaliente su juventud, gente con una media de entre 20 y 30 años. En su pertenencia se ve que son obreros, estudiantes, cuadros sindicales, políticos, mayormente militantes. Otra particularidad es que la represión no se inicia el 24 de marzo, sino que tiene punto de origen en el Navarrazo, el 28 de febrero de 1974, cuando derrocan al gobierno de Obregón Cano. Allí se produce la alianza entre los grupos más conservadores de la sociedad cordobesa y la ultraderecha peronista que lleva adelante el exterminio. Cuando hacés memoria, el gobierno de Obregón tuvo problemas de gestión pero a causa del enfrentamiento con sectores católicos, dueños mayoritariamente de los colegios privados. El gobierno sancionó el estatuto de los docentes que les dio derechos, que lo puso de punta con la curia; igual sucedió con los empresarios del transporte, al habilitar aumentos salariales e impedir incrementos del boleto. 

De la Sota y los dos demonios. De la instrucción y acumulación de las causas surge el juzgamiento de hechos ocurridos desde 1975, cuando Héctor Pedro Vergez viene a Córdoba a integrar el Comando Libertadores de América, enviado por el Batallón 601 de Inteligencia desde Buenos Aires y recomendado por José López Rega a la intervención de Raúl Lacabanne. 

Este “comando” es un rejuntado de policías del D2 y gente del batallón 141 de Inteligencia, donde se destacan Barreiro y Yanicelli, entre otros. La secuencia de asesinatos políticos realizados entonces por esta banda parapolicial tuvo por objetivo golpear la estructura de militantes populares y al sindicalismo combativo.

En la causa Barreiro, donde se ventilan hechos anteriores al 24 de marzo del ’76, se juzgará el asesinato de la familia Pujadas –justo un año después de la masacre de Trelew, donde habían matado a Mariano–, del dirigente montonero Marcos Osatinsky, de los integrantes de la JP Horacio Pietragalla y Horacio Jenssen.

Durante aquel período se inició el funcionamiento del campo La Ribera, segundo registrado en el país después de Famaillá, que fue instrumentado por el Operativo Independencia en Tucumán. 

“Acá estamos juzgando el secuestro de las personas, el sometimiento a torturas sine die para obtener información y para castigarlos por su militancia popular. Una vez que consideraban agotada esta metodología, se producía la eliminación física. Todo esto vamos a verlo bajo el nombre de Megacausa La Perla. Contiene Comando Libertadores de América, campo La Ribera y campo La Perla”, describió Claudio Orosz, abogado querellante, en la puerta de Tribunales. Orosz reseñó para esta revista, también, el perfil de Barreiro y Vergez (ver recuadro).

En ese marco, Vaca Narvaja entiende que las declaraciones de José Manuel de la Sota, el mismo día de iniciarse el juicio, esgrimiendo la teoría de los dos demonios en la Universidad Austral –perteneciente al grupo católico integrista Opus Dei–, da cuenta de una puja sobre las interpretaciones de la historia que aún se debaten en Córdoba.

–¿Piensa que las expresiones del gobernador, equiparando tangencialmente a genocidas y guerrilleros, interpreta a sectores representativos de la sociedad cordobesa? 

–De la Sota está lanzado a una candidatura presidencial y desde ese objetivo busca posicionarse como candidato, asesorado por grupos de marketing de imagen política que le marcan las líneas de discurso. Por eso el gobernador pretende ubicarse en un lugar antagónico al gobierno nacional en el tema derechos humanos Pero este lugar lo pone más a la derecha de Mauricio Macri, donde disputa escasos porcentajes del electorado. Con su posición sobre la teoría de los dos demonios atrasa treinta años, compartiendo la postura de Ernesto Sabato del prólogo del “Nunca Más”. Esto se contradice con sus propios movimientos como la promoción del boleto educativo, apelando a la Noche de los Lápices. Con lo cual está claro que todo su discurso es netamente comercial, marketinero y oportunista, no tiene compromiso con lo que hace ni dice. Nunca tuvo un gesto de apoyo o acompañamiento con la lucha por los derechos humanos, ni muestras firmes de estar consustanciado con la política nacional que se realiza desde el 2003, salvo alguna excepción como la creación de la Comisión Provincial de la Memoria, o la ley que beneficia con una jubilación mínima y algo más a quienes estuvieron detenidos más de un año durante el Proceso y carecen de ingresos. De la Sota siempre fue un hombre de derechas, y nadie puede cuestionarle su coherencia en este aspecto, pero sí su corrimiento hacia un neofascismo. Expresa ese conservadurismo cordobés que se consolida en el peronismo desde el Navarrazo a esta parte; nunca tuvo funcionarios de carácter progresista, desde el ’99 a esta parte, salvo un par durante la gestión de (Juan) Schiaretti, con un perfil ligeramente moderado y con algún compromiso un poco más visible, como el ministro de Justicia Angulo o el secretario de Derechos Humanos Raúl Sánchez. Desde lo formal, antes de iniciarse el juicio de la UP1, Schiaretti hace una reunión con los organismos de derechos humanos para manifestar el apoyo del gobierno provincial y publica una solicitada en la prensa. Pero De la Sota no manifiesta respecto del juicio de La Perla nada más que esta reivindicación absurda y extemporánea de la teoría de los dos demonios. 

–¿Este contexto político provincial influye en el desarrollo de los juicios?

–A pesar de que se avanzó con condenas, todavía la Justicia tiene complicaciones para condenar a algunos genocidas. En la causa Videla, sobre los casos de los represores Quiroga y Daloia, el presidente del Tribunal Jaime Díaz Gavier sostiene en su sentencia que no encuentra pruebas suficientes, cuando las pruebas estaban al canto, ya que fue el único hecho de ese juicio con un testigo presencial. Se dejó de lado el testimonio de un hombre confirmando que las voces que los que trasladaban a mi padre y dos detenidos más, desde la cárcel, son las mismas que aparecen al momento de fusilarlos. Es raro que cuando buscamos las constancias de las pruebas que pedimos, encontramos que no habían quedado registradas como lo habíamos solicitado. Detrás de las condenas a Videla, Menéndez, Alsina, Mones Ruiz y Yanicelli se escondieron estas absoluciones que dejan de lado hechos y derecho aplicables. Esto sucede en Córdoba por las características particulares de la Justicia Federal, donde los militares designaron mucha gente, y también lo hicieron los radicales y el menemismo, que trabajaron inclaudicablemente por la impunidad de los genocidas. Acordate que Menéndez ocupaba el palco en muchos actos partidarios de Angeloz, junto con Primatesta. Este componente de poder no se ha modificado, es el famoso “cordobesismo” en el que milita José Manuel de la Sota. 

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Vergez y Barreiro, estigmas de la democracia

Junto a Luciano Benjamín Menéndez, por primera vez serán juzgados en Córdoba los torturadores Ernesto Barreiro y Héctor Vergez, que acaba de recibir una fuerte condena en Bueno Aires en el marco del juicio por la causa “Primer Cuerpo de Ejército”. Ambos torturadores habían sorteado exitosamente a la Justicia de Córdoba hasta el momento y representan emblemas sobre la impunidad que disfrutaron los genocidas, incluso interviniendo en democracia en diversos actos de resonancia institucional.

Consultado por Veintitrés, el abogado querellante de HIJOS Córdoba, Claudio Orosz, resumió el significado del juzgamiento de ambos genocidas.

–Verguez y Barreiro aparecen por primera vez para ser juzgados en Córdoba. ¿Qué caracterización puede hacer de estos represores?

–Héctor Pedro Vergez fue enviado a instaurar el terrorismo negro en Córdoba: atentados a sindicatos, a cines, a casas de familia, el asesinato de militantes populares, el ataque a distintos locales partidarios como la UCR, al diario La Voz del Interior, a unidades básicas de distintos barrios de la ciudad, todo para crear la sensación de caos e incrementar el temor, focalizado en la clase media para obtener una petición de destitución del gobierno nacional y la venida de los militares.

–¿Cómo es la trayectoria de Vergez?

–Después de su paso por el Comando Libertadores de América, se integró a La Perla. En julio del ’76 es enviado a Buenos Aires por su ferocidad en la tortura. Él decía que no había nadie que no le hablara y su juzgamiento en la causa Coccoz tiene que ver con eso, una causa espantosa por los testimonios que se vertieron, siniestra. Luego Vergez se retira y pasa a formar parte de financieras acá en Córdoba. Y cómo habrá sido el poder y la impunidad, que por un lado escribe un libro donde relata sus fechorías, y por el otro, en plena década del ’90, fue el encargado de contactar con el hijo de Telleldín, el hijo del viejo jefe de la D2 en Córdoba que estaba acusado por el atentado de la AMIA, y es quien le lleva el dinero y vende su testimonio para implicar a Ravelli y demás. Es llamativo que sea Vergez el que visita a Telleldin en la cárcel. También fue procesado por delitos comunes en los últimos tiempos, por estafas en el conurbano bonaerense en relación a obras, etc. Realmente es un personaje mezclado con los sectores de poder e influencia económica.

–Su figura abarca también la actividad de seguridad a empresas. ¿Es un genocida que trasciende el caso típico?

–Yo lo analizaría más acabadamente porque hay centenas de enormes empresas, algunas incluso hoy están siendo investigadas porque fueron montadas por represores de la ESMA, que manejan el juego y una serie de cuestiones, que demostraron ser el antifaz económico de represores, fugados durante años y que recién ahora son detenidos y las empresas intervenidas. Tienen un sinnúmero de hechos con organizaciones de protección o seguridad. Nosotros descubrimos militares comprometidos con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como titulares o trabajando en agencias de seguridad, que en su momento protegían a Canal 7 o al Banco Nación en otras administraciones, lo cual demuestra que siguieron teniendo relaciones con el Estado nacional. 

–¿Cómo es el caso de Barreiro?

–Con Barreiro logramos particularmente desde HIJOS Córdoba su expulsión de Estados Unidos, con el aporte de nuestra prueba. Él fue quien inició el levantamiento de Semana Santa en contra de un gobierno constitucional, cuando se negó a venir a prestar declaración acá y se ocultó en un regimiento camino a La Calera. De allí salió escondido en el baúl del auto de Raúl Primatesta y se trasladó a Buenos Aires, donde tomó la posta Aldo Rico, en una verdadera sedición contra un gobierno popular. 

–¿Cómo fue su desempeño en La Perla?

–En 1976 fue jefe de torturadores, junto a un grupo de oficiales y suboficiales. Era un tipo en la línea de Luis Diedrich, que también aparece por primera vez en esta causa, una persona menos conocida pero que también estaba en la sección política. Diedrich fue el que confeccionó la lista de las personas detenidas el 24 de marzo del ’76 y, junto con Barreiro y otros, se denominaban la logia de los oficiales jóvenes. Era una línea interna dentro del aparato represivo, dura y corporativista con un odio enorme a lo popular, que pensaba sobrevivir al gobierno militar y delinear los rumbos del país. En el ’77 Barreiro reemplaza a Diedrich como cabeza en la primera sección política. Asciende luego de una junta de oficiales especial que se hace por su caso. Tenemos constancia de que a principio de ese año no fue ascendido porque había robado, Menéndez intercede ante esa junta y por eso posteriormente lo ascienden.